Controles migratorios impiden ingreso de presunta reclutadora vinculada a red de explotación sexual internacional

Bogotá, 24 de enero de 2026. En una acción decisiva para la protección de la vida y los derechos de niñas, niños y adolescentes, la Unidad Administrativa Especial Migración Colombia impidió el ingreso al país de una ciudadana costarricense señalada de integrar una red internacional dedicada a la explotación sexual, quien pretendía ingresar por el Aeropuerto Internacional El Dorado de Bogotá en un vuelo procedente de San José, Costa Rica.

Información suministrada por una agencia homóloga internacional advierte que la pasajera registra dos investigaciones penales activas en Costa Rica por los delitos de enriquecimiento ilícito y agresión con armas, además de antecedentes asociados al reclutamiento de mujeres y menores de edad para su explotación sexual. La autoridad migratoria estableció que la ciudadana realizaba diferentes viajes con el presunto propósito de captar víctimas, incluidas niñas y adolescentes, para ser explotadas sexualmente en el exterior.

Los análisis adelantados por oficiales de Migración Colombia permitieron establecer que su ingreso representaba una amenaza grave para la seguridad nacional, la convivencia ciudadana y, de manera prioritaria, para la garantía de los derechos de niñas, niños y adolescentes, población que constituye un eje central de las acciones de control del Gobierno colombiano.

Al respecto, la directora general de Migración Colombia, Gloria Esperanza Arriero López, aseguró que “el Gobierno del presidente Gustavo Petro ha asumido una posición firme e inequívoca frente a la trata de personas. No permitiremos que el país sea plataforma, refugio ni tránsito de criminales que mercantilizan el cuerpo de mujeres y vulneran los derechos de niñas, niños y adolescentes. Desde Migración Colombia ejercemos controles migratorios rigurosos, con enfoque de derechos humanos y protección de la niñez, para enfrentar estructuras delictivas”.

La entidad reiteró que no existe margen de tolerancia frente a quienes pretendan instrumentalizar la migración para cometer delitos y ratifica su determinación de cerrarles el paso a las redes criminales que atentan contra la dignidad humana. La protección de la niñez, la defensa de los derechos humanos y la seguridad del país son prioridad para el Gobierno del Cambio.