Autor: Helena Villar
Editorial: Akal A fondo
Año: 2021
Muchos migrantes piensan que Estados Unidos es paraíso en el que todas sus dificultades serán solucionadas. Sin embargo, la realidad dice otra cosa.
El virus del Covid desnudó el sistema norteamericano que está basado en el individualismo y con reducida presencia del Estado. Estados Unidos, con algo más de 340 millones de habitantes, tuvo una tasa de mortalidad superior a un millón de personas. China, por su parte, con una población cercana a los mil quinientos millones de habitantes no alcanzó a tener diez mil fallecimientos. La diferencia es abismal y tiene que ver con el enfoque y el papel que desempeña el gobierno en relación con su población.
En Nueva York el 34% de los muertos fueron hispanos. Los pacientes del Bronx tenían el doble de probabilidades de morir. 70% de los negros en Chicago fueron víctimas mortales del virus. Las vulnerabilidades incrementaban las posibilidades de perecer. Es decir, aquellos que no disponían de vivienda, de alimentos, de seguro médico, tenían pocas probabilidades de hacer frente al contagio.
Los gobiernos del mundo hicieron fundamentalmente una de dos cosas: decretar cuarentenas para impedir la propagación del virus con el propósito último de salvar vidas o mantener el funcionamiento de la sociedad sin mayores modificaciones para privilegiar el modelo económico. Estados Unidos fue de las naciones que optó por la segunda vía. Por ejemplo, las empresas aliadas de Amazon descontaban a los empleados dinero de su salario si se reportaban como contagiados. Los que estaban sanos, debían ceder su tiempo libre para reemplazar a los enfermos que no podían trabajar. Esta compañía tuvo ganancias superiores a los 6.800 millones de dólares. Sin embargo, nada la impulsó a repartir sus enormes dividendos.
La Desigualdad
En los Estados Unidos no existe acceso universal gratuito a la sanidad. Según el censo que hicieron en 2018, 27.5 millones de personas no disponen de ningún tipo de seguro médico. Paradójicamente, la industria de los seguros registra rendimientos significativos que superan los 23 mil millones de dólares anuales.
De otro lado, La American Journal of Public Health sostiene que cada año 530 mil familias se declaran en quiebra económica por no poder asumir los altos costos del sistema de salud. Los copagos que establece la ley son elevados, sobre todo en las especializaciones. Los programas de Medicare y de Medicaid están dirigidos a una franja de la población reducida: ancianos y discapacitados. Por lo tanto, el cubrimiento es mínimo con respecto al total de la población.
La industria farmacéutica, por su parte, ha logrado ganancias estrambóticas centrándose en el principio de maximizar las ganancias y reducir gastos. Durante la gestión de Alex Azar, presidente de una de las más grandes farmacéuticas, la insulina Humalog aumentó su precio en 585%. No fue la única compañía que obtuvo grandes beneficios. La razón es básica. Los precios se establecen sin intermediación del Estado y, por supuesto, las compañías siempre querrán ganar más.
Meaghan Carter, cuarenta y siete años, Ohio – Tuvo diabetes tipo 1 durante 18 años. Cuando perdió su trabajo y su seguro, luchó por poder pagar su insulina, que costaba más de 800 dólares al mes. Recurrió a comprar NPH (insulina de acción intermedia) en Walmart, que es más barata, pero mucho más impredecible que la insulina que usaba normalmente. El día de Navidad de 2018, Meaghan murió de cetoacidosis diabética. (Villar. 2021. P. 35)
En 2017, Donald Trump posesionó a Azar como Secretario de Salud y de Servicios Humanos de los Estados Unidos. Una clara orientación de lo que sería el sistema de salud en su gobierno. Los abultados precios de las medicinas hacen que sean inaccesibles para una amplia franja de la sociedad. La importancia no está puesta en la salvación de vidas o en la prevención social de los riesgos. Se trata es de otorgar plenas libertades a las compañías para mercantilizar los espacios de la vida humana. El tema económico es tan brutal para la inmensa mayoría de la población que es frecuente que se vean filas de personas dispuestas a vender sangre por unos cuantos dólares. “Cuando tienes problemas económicos, donar sangre es algo muy común en esta zona” (Ibid Pág. 39).
De otro lado, la educación pública ha sido víctima de un retroceso constante. Paulatinamente, le han retirado los fondos para conducirla a la opacidad. Las carencias del gremio docente son conocidas. Los sueldos han decrecido en relación con la inflación. En la actualidad, cobran un 21% menos que lo que cobran otros profesionales. “Uno de cada seis profesores en Estados Unidos debe buscar un segundo trabajo para poder vivir” (Ibid Pág. 43).
Los recortes presupuestales son tan inmensos que hay colegios que se han visto en la obligación de reducir la jornada a cuatro días para paliar la crisis. La desfinanciación de las instituciones educativas públicas ha convertido la educación en un lucrativo negocio para los privados. Este es el caso de las chárter. Escuelas que funcionan con dinero público, pero que no tienen ningún control estatal. El sistema de concesiones a la educación ha sido una propuesta que también se ha venido imponiendo en América Latina.
Desfinanciar la educación pública significa ampliar las brechas sociales. En la sociedad norteamericana la educación ha dejado de ser un instrumento de igualdad. Cerca de 43 millones de ciudadanos de los Estados Unidos tienen serias dificultades para leer y escribir. “En teoría mis padres iban a educarme en casa, pero las cosas no fueron bien. Básicamente quedaron atrapados en conseguir cada día lo necesario para sobrevivir” (Ibid Pág. 50).
La educación dejó de ser un derecho garantizado para todos y se convirtió en un servicio. Una mercancía que se compra o se vende. Por eso la deuda educativa en los EE. UU está rondando 1.6 billones de dólares. Muchos jóvenes estadounidenses deben recurrir a ella para tener el privilegio de educarse. Se han dado casos de “ personas jubiladas que siguen pagando sus estudios superiores” (Ibid Pág. 53).
La adquisición de vivienda es otro derecho truncado. No hay planes de vivienda popular. Tampoco hay sistemas integrados de transporte que se establezcan pensando en el bienestar de la mayoría. El sistema es individual y basado en el automóvil. “Toda la nación está desarrollada en función de iniciativas racistas. Va de construir contra negros y pobres, contra las personas que dependen del transporte público, que no tienen acceso a un vehículo privado” (Ibid Pág. 56).
Trabajo Esclavo
El trabajo formal no existe en la sociedad norteamericana. Los empleos son mal pagos y, en general, el grueso de la población debe trabajar en más de un empleo para cubrir la supervivencia. Los empleos flexibles no dan la posibilidad de ejercer derechos sociales. Por ende, no hay vacaciones pagas para nadie, no hay derecho a tener incapacidades, el tiempo libre se suprime para dedicarlo a encontrar otra ocupación. “No existe ni un solo territorio en Estados Unidos en el que un trabajador con el salario mínimo y empleado a tiempo completo pueda acceder a un alquiler de un apartamento de una habitación y llegar sin problemas a fin de mes” (Ibid Pág. 69).
De acuerdo con los datos que se tenían desde antes de la pandemia, un tercio de los estadounidenses viven por debajo de la línea de la pobreza. Es decir, trabajan arduamente y, sin embargo, no pueden encontrar lo suficiente para vivir. Los salarios, entonces, son escasos y los precios de las mercancías elevados. Es tan dramática la situación que muchos de esos trabajadores deben recurrir a la asistencia social para poder alimentarse. Helena Villar sostiene que, incluso personas con contratos fijos y con empleos estables, corren un riesgo inminente de pasar hambre ante una falta temporal de salario.
Obviamente, la vulnerabilidad tiene diferencias. Hay grupos poblacionales especialmente predispuestos a ser los más afectados. “Los hogares más golpeados: las madres solteras, con un 72%, y los migrantes, con un 62%” (Ibid Pág. 72) . En Estados Unidos se presenta un fenómeno extraño. Hay una abundante riqueza privada que se concentra en pocas manos, mientras el resto de la sociedad se ahoga en una miseria extendida.
Estados Unidos es, de las economías avanzadas, el país con menos garantías laborales. El discurso neoliberal puesto en práctica. Sin pago de incapacidades, sin prestaciones sociales, sin vacaciones, sin festivos, tampoco no se reconoce la posibilidad de vincularse a un sindicato. Las leyes están dispuestas para favorecer a las grandes compañías. Los legisladores son representantes de ellas o miembros de sus comités ejecutivos. Hasta hace muy poco, gracias a la presión social, empezó a cambiar el valor de la hora de trabajo. Se funcionaba con los valores establecidos en el 2007.
Muchas ONGs se han dado a la tarea de ofrecer suplementos alimenticios a más de 30 mil familias al año. En ese mismo sentido, hay que resaltar que, antes de la pandemia, el gobierno Trump retiró a casi 700 mil personas del programa federal conocido SNAP (Programa de Asistencia Nutricional Suplementaria) que se encarga de alimentar a familias vulnerables. Dentro de ese programa hay, por lo menos, 40 millones de estadounidenses. Helena Villar sostiene que si EE. UU fuera una sociedad de pleno empleo, no requeriría ese tipo de programas y de subsidios.
Yo tengo educación, yo tenía un buen trabajo, tengo un trabajo ahora, tengo títulos y todo eso, hasta gané premios en todas partes, pero también hubo un momento en el que fui parte de aquellos que trabajamos y seguimos siendo pobres. En el sueño americano se supone que, si vas a la escuela, si tomas un trabajo y trabajas duro, vas a poder cumplir tus sueños. Hay quien todavía se lo cree. Yo pienso que el sueño americano no existe (Ibid Pág. 87).
En términos de la directora del SNAP, una de cada nueve personas en Estados Unidos padece de inseguridad alimentaria y debe recurrir a la consecución de bonos, de cupones o de subsidios para completar su dieta. En el caso de los ancianos la cifra es aún más alarmante. Ocho millones de personas de la tercera edad no pueden alimentarse satisfactoriamente.
Esta situación angustiante ocurre a la vez que muy pocos multimillonarios consumen las mejores marcas y aparecen en lugares paradisíacos. De acuerdo con la OCDE, la brecha entre los más ricos y los más pobres se ha duplicado. En 1989, el 5% de las familias ricas poseía 114 veces más riqueza que las familias trabajadoras. Para el 2016 la brecha era de 248 veces. Eso solo significa que la desigualdad se ha profundizado y que las medidas gubernamentales la han agudizado.
Por esa razón, las tres personas más ricas poseen una riqueza equivalente a la de la mitad de la población más pobre. Los clanes de Bezos (Amazon), Gates (Microsoft), Waltons (Walmart), Mars (alimentos) Y Koch (petróleo y derivados) han visto que sus respectivas riquezas han aumentado en casi un 6000%, mientras la riqueza de los demás sólo se incrementó en un 3%. Lo han podido hacer gracias a que las leyes les han resultado benéficas. Invierten buena parte de sus fortunas haciendo cabildeo o colocando a funcionarios de sus empresas en cargos decisivos del gobierno y la política.
La flexibilización laboral propuesta por el neoliberalismo ha afectado directamente a la clase trabajadora en muchos sentidos. No hay empleo formal, no hay ningún tipo de beneficio de ley. Se ha impuesto el discurso del emprendimiento y de la autonomía laboral para encubrir el hecho de que el Estado se hace el de la vista gorda con sus responsabilidades mientras los ciudadanos son abusados por las compañías.
Los casos de Uber y Amazon son paradigmáticos. Los conductores de la plataforma deben colocar sus vehículos, su energía, su tiempo, el desgaste de la maquinaria sin recibir ningún beneficio a cambio por parte de la compañía. No hay ningún tipo de relación laboral. Básicamente, la compañía se lucra con el esfuerzo de quienes conducen. Amazon, por su parte, en vista del descontento que había entre los trabajadores porque no recibían un aumento en el valor de la hora de trabajo, emprendieron una campaña de desprestigio de las peticiones de los empleados. Al final, luego de amagos de paro y de mucha resistencia, la hora quedó establecida en 15 dólares. La presión social llegó hasta el congreso y los medios de comunicación se vieron en la obligación de difundirlo. En últimas, la compañía hizo el aumento contra su voluntad.
Existe una entidad que brinda mayores posibilidades de acceso y que, incluso, puede contribuir con las diligencias necesarias para que los migrantes obtengan los documentos de ley definitivamente: El ejército de los Estados Unidos.
Para nadie es un secreto que el país del norte ha basado su política nacional e internacional en los conflictos bélicos. Ese andamiaje tan descomunal requiere grandes contingentes de personas que estén dispuestas a ir a los lugares más inverosímiles para participar en los planes trazados desde el Departamento de Defensa.
La inmensa mayoría del presupuesto está enfocado en la guerra o en actividades vinculadas a ella. Obviamente, los demás rubros de la sociedad se desfinancian para cumplir las metas establecidas por la Casa Blanca. Además, cabe recordar, que Estados Unidos es el país más endeudado del mundo, con una deuda que supera los 30 billones de dólares. Sin embargo, la industria armamentística también está basada en la tercerización laboral, en la privatización, en la negación de garantías sociales. Por consiguiente, es frecuente observar a excombatientes que reclaman al Estado los pagos por servicios y múltiples indemnizaciones debido a las consecuencias del conflicto.
“Járquez enseña el corazón púrpura ganado tras las heridas en combate. Graduado en la escuela de paracaidismo, pasó por Kuwait e Iraq hasta que en una emboscada le estalló una bomba que le generó un trauma cerebral. No puede conducir, tiene ataques epilépticos, problemas de visión, amnesia y pérdida de los sentidos. En definitiva, no puede trabajar (Ibid Pág. 125).
Hay situaciones, como la descrita anteriormente, en las que los migrantes, no obstante, su difícil condición luego de participar en un conflicto bélico, todavía no han podido concretar su estatus migratorio.
Este tema, en particular, se ha visto como una oportunidad de negocio sin mayores preocupaciones por el cumplimiento de los derechos humanos. Desde el 2018 se ha implementado una estrategia denominada Streamline (penalización masiva de delitos de migración). Son juicios conjuntos en los que puede haber hasta 60 migrantes. Muchos de ellos no entienden el idioma, los procedimientos, las instancias judiciales. Buena parte de ellos, por recomendación de los abogados, se declaran culpables. Evidentemente el procedimiento descrito por Villar dista mucho de estar apegado a las normas internacionales del derecho.
De acuerdo con la periodista Villar, si estas personas se declararan inocentes, las tendrían que llevar a juicios individuales. Eso haría colapsar el sistema judicial. Las resoluciones más frecuentes de los múltiples casos de migración son la expulsión del país o la permanencia en ilegalidad. Mientras una de las dos situaciones se concreta hay quienes sacan provecho.
En el 2015 se hizo un balance que arrojó que en los primeros diez años de funcionamiento de la operación Streamline, las empresas encargadas del encarcelamiento de los migrantes habían tenido beneficios superiores a 7 mil millones de dólares.
Las principales empresas privadas de los centros de detención de migrantes son los mayores operadores de prisiones, Geo Group y CoreCivic. Cerca de una cuarta parte de cada uno de sus negocios está relacionada con contratos vinculados con el servicio de inmigración, ICE. Específicamente, "Geo Group se llevó a casa más de 500 millones de dólares en 2017 en contratos relacionados con ICE y CoreCivic se hizo con 440 millones de dólares. Hay que tener en cuenta que, en términos de detención migratoria, sabemos que tienen más de 41 mil personas bajo custodia a diario y se espera que la cifra crezca a 52 mil" (Ibid Pág. 135).
Estas compañías han demandado a los Estados cuando han intentado prohibir que en instalaciones privadas se efectúen detenciones de migrantes. Se ha impuesto la lógica empresarial. Son constantes las denuncias a las mismas compañías por el cabildeo que hacen en el senado y en el congreso en favor de leyes que se crean en beneficio del negocio de la migración irregular y su detención.
Los familiares y organizaciones de la sociedad civil han hecho denuncias para manifestar su inconformismo con este tipo de medidas. Reclaman, además, que se deben dar informes claros de la ubicación de los migrantes, pues suelen ser llevados a diferentes sitios de reclusión. También denuncian casos de decesos ocurridos dentro de esos centros que no han tenido la suficiente investigación. De la misma manera, aseguran que, al interior de estos lugares, se llevan a cabo histerectomías sin el consentimiento autorizado de las migrantes. “Normalmente, es prácticamente imposible obtener una imagen de lo que acontece dentro, hay que ceñirse a los testimonios. Si es que puede lograrse establecer contacto. Una práctica muy común es la deportación acelerada de testigos incómodos” (Ibid Pág. 139).
Los migrantes son mano de obra barata, mal remunerada. California está comprometida con que se pague el salario mínimo, sin importar el estatus migratorio de los trabajadores. No ha sido posible. En la mayoría de los Estados está prohibido contratar migrantes irregulares. Las multas son abultadas, sin embargo, los siguen contratando porque aumentan el margen de ganancia.
Asimismo, han denunciado lo injusto de un sistema que obliga a todo ciudadano a pagar impuestos mediante las compras que realiza. Eso hace que los migrantes paguen, en promedio, 12 mil millones de dólares al año y que, sin embargo, no puedan participar de los beneficios estatales porque no tienen definido su estatus migratorio.
El sistema económico competitivo no ofrece dividendos para todo el mundo. Los empobrecidos van en aumento en la nación más desarrollada del planeta. En Skid Row California, la quinta economía del mundo, se ha establecido una especie de gueto conformado por personas sin hogar, drogadictos, migrantes irregulares y un sinfín de excluidos. “Estados Unidos se basa en los ingresos y la prosperidad, no se basa en la pobreza, por lo que, si eres pobre. Estados Unidos no quiere tratar contigo” (Ibid Pág. 168).
Con los refugios para personas sin vivienda, mendigos y demás, ocurre lo mismo que pasa con los migrantes en los centros de acogida. Empresas privadas han visto posibilidades de negocio y reciben de los gobiernos dinero para administrar esos sitios. Helena Villar asegura que el número de personas sin hogar ni refugio es mayor, incluso del que se presentó en la Gran Depresión. Las cifras han preocupado a algunas autoridades que se han visto en la obligación de comprar tiquetes de avión o de autobús para que ese tipo de personas viajen fuera de sus Estados. Sobra decir que los tiquetes no tienen viaje de regreso.
Reseña hecha por: Héctor Pinilla.
